Desafío ambiental

Columna verde publicada en La Razón, el 4 de junio de 2013

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Desafio-ambiental_0_1845415443.html

 

El reciente anuncio sobre la intención de facilitar la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas ha reiniciado un debate que nos conduce a la tensión existente entre las necesidades de desarrollo y las necesidades de mantenimiento de nuestro patrimonio natural. La ecología nos enseña que los sistemas naturales no son estáticos, es decir que no están en un equilibrio permanente, sino que más bien, los sistemas naturales están en variación constante, adaptándose a los cambios que el clima, los suelos, y últimamente los seres humanos provocamos. Las áreas protegidas son los “órganos vitales” en esos sistemas naturales, cumplen múltiples funciones y brindan una variedad de servicios a quienes habitan en ellas, alrededor de ellas y al planeta en su conjunto. En este sentido, operar un órgano vital, digamos el corazón, no es lo mismo que una cirugía menor, digamos el apéndice.

A pesar de que en ambos casos la cirugía tiene sus riesgos, debemos convenir que una cirugía en el corazón requiere de más preparación y experticia que en el apéndice. De este modo, el plantear cualquier actividad humana que podría tener un impacto sobre los sistemas naturales requiere de preparación y experticia, y más aún si se trata de hacerlo al interior de las áreas protegidas, cuya existencia y razón de ser están descritas en la Constitución Política del Estado.  La Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien brinda el marco general para tratar de integrar la necesidad de desarrollo y preservación de la naturaleza. Si demandamos su cumplimiento, nos encontramos ante el gran desafío ambiental de proponer acciones de exploración, y posible explotación de hidrocarburos, que como la mencionada ley propone sean realizadas con “las tecnologías más adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales”.

El desafío ambiental que esto significa es grande. El plantear una actividad que puede generar un gran impacto, de tal manera que la variación constante de los sistemas naturales les permita absorber ese impacto, y continuar funcionando de una manera apropiada es grande. La tecnología existe, las capacidades a nivel nacional existen, depende de nosotros demandar que lo que la Ley 300 y la Ley 71, de Derechos de la Madre Tierra, proponen sea cumplido. Podemos hacerlo desde un lado fundamentalista, o podemos hacerlo desde un lado propositivo, en busca de maximizar la capacidad de regeneración de la naturaleza aplicando siempre el principio precautorio, que nos obliga a prevenir cualquier impacto alegando la falta de conocimiento o de recursos. El desafío está planteado, ¿tendremos la capacidad y altura de responder a él?

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TIPNIS otra vez

La Columna Verde de La Razón publicada el 31 de enero de 2012

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/TIPNIS-vez_0_1551444843.html

Una nueva página en el conflicto por la construcción de la carretera a través del TIPNIS ha comenzado a ser escrita. Todos sabemos que ésta es una historia que todavía no tendrá final, y que lamentablemente el Gobierno, impulsado y movido por intereses de algunos sectores, en vez de ser parte de la solución, avivará la confrontación por la construcción de una carretera que para muchos no tiene razón de ser.

Afirmaciones realizadas por dirigentes chiquitanos sobre la relación entre carreteras y “progreso” muestran una realidad distinta acerca de la afirmación de que un camino trae desarrollo. Varias regiones de la Chiquitanía cuentan con caminos y aun así las condiciones de salud y educación de los pueblos indígenas no han mejorado significativamente; más aún, recientemente hubo una muerte por dengue en Yapacaní, la enfermedad tiene niveles muy altos de incidencia en la zona, y está muy bien conectada con un centro urbano grande, y más aún con la capital del departamento.

En cuanto a la opinión pública, el problema fundamental está, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en la concepción de progreso y desarrollo que cada quien tiene, y que se manifiesta en las muestras de apoyo y simpatía por uno u otro argumento. Por un lado, quienes creemos que aquellos que habitan ancestralmente esas zonas tienen el derecho, como nuestra Constitución manda, de decidir de manera libre e informada si la carretera pasa por ahí o no; por otro lado, quienes creen que ese camino es sinónimo de progreso y desarrollo para los pueblos indígenas de la región, sin siquiera preocuparse por entender cuál es el “desarrollo” o “progreso” que estos pueblos buscan… y es que parece que todavía no hemos aprendido a oírnos.

La pulseta continuará, finalmente alguna de las posiciones se impondrá sobre la otra, el conflicto persistirá o quizás se declarará resuelto, la ley corta se mantendrá, cambiará o será anulada, y aun así no nos habremos oído, no habremos hecho el esfuerzo de tratar de entender qué es lo que los pueblos indígenas que viven en el TIPNIS buscan y aspiran.

Y mientras esto pasa, otros pueblos indígenas y otros bosques de Bolivia sufren presión por deforestación, no futura o posible, sino ahora mismo; el caso por ejemplo de la región del Choré, el norte de La Paz, el Bajo Paraguá y el bosque chaqueño. El problema del TIPNIS sin duda es “el” problema, pero el avasallamiento de los bosques, la pérdida de sus valores naturales, culturales, místicos, la pérdida de los medios de vida de quienes viven junto a ellos, son “el” problema de todos los bosques en Bolivia.

Bien común protegido

La columna verde publicada en La Razón el 4 de septiembre de 2012

http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Bien-comun-protegido_0_1681631860.html

De acuerdo con nuestra Constitución Política, las áreas protegidas “constituyen un bien comúny forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.Existe un dilema fundamental sobre el hecho de identificar a las áreas protegidas como un bien común, el escenario es simple, hay un recurso –lasáreas protegidas- al que un gran número de personas tienen acceso y reclaman derechos. El uso excesivo de este recurso crea problemas, a menudo destruyendosu sostenibilidad, limitando por tanto esas funciones ambientales, culturales, sociales y económicas.

Cada usuario, los directos e indirectos pues es un “bien común”, se enfrenta a una decisiónacerca de cómo el recurso se utilizará, si todos los usuarios se ponen de acuerdo de forma apropiada, el recurso podría ser aprovechado de manera sostenida. Pero, he aquí el dilema, si los vecinos no actúan como está acordado,entonces el recurso todavía podría colapsar y se han perdido los beneficios acorto plazo para todos los usuarios. Este dilema parece inexorable. Sin embargo, su lógica depende de un conjunto de supuestos sobre la motivación humana, acerca de las reglas que rigen el uso de los bienes comunes y sobre el carácter de los recursos comunes.

Las áreas protegidas como un bien común sólo podrían existir si, como sociedad, los bolivianos nos pusiéramos de acuerdo sobre sus funciones, sobre su valor y sobre su forma de uso. Lamentablemente esto aún no es así. Nuestra gran diversidad se refleja también en la diversidad de opiniones sobre qué son y para qué sirven las áreas protegidas. Las áreas protegidas son vitales para nuestro desarrollo, y hasta que las funcionesque un área protegida puede cumplir no sean bien conocidas por todos nosotros, ellas seguirán siendo vistas como “reservas”, para que luego que hayamos acabado con los recursos naturales a nuestro alrededor acabemos con los recursos en ellas también.

Las áreas protegidas son tan vitales como lo son los órganos en nuestro cuerpo, ¿es posible que el cuerpo humano se desarrolle sin órganos vitales?, ¿se imagina usted vivir sin hígado?,¿o con sólo una parte de él?… Así como para vivir necesitamos mantener nuestros órganos vitales sanos e íntegros, las áreas protegidas deben mantenerse sanas e integras.